Notificación obligatoria al Gobierno de Navarra en adquisiciones de vivienda por subasta o ejecución hipotecaria

El reciente Artículo 51 bis, incorporado en el Título VI de la Ley del Derecho a la Vivienda en Navarra, introduce medidas clave para controlar y prevenir el fraude en el sector inmobiliario. Esta disposición forma parte de un marco más amplio que busca reforzar el derecho subjetivo a la vivienda y aumentar la oferta de alquiler asequible, tanto pública como privada, en respuesta a la creciente demanda.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la obligación de los nuevos propietarios que adquieran viviendas mediante subasta o ejecución hipotecaria de notificar al Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra antes de proceder con la escritura de la vivienda. Solo tras obtener la autorización pertinente podrán completar la adquisición.

Este mecanismo de control es parte del derecho de tanteo y retracto legal que permite al Gobierno de Navarra intervenir en operaciones que podrían afectar la disponibilidad de vivienda asequible. En particular, la ley otorga a la Administración Foral el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas por dación en pago de deuda con garantía hipotecaria o en procesos judiciales de ejecución. Además, se amplía a transmisiones de edificios residenciales con un mínimo de cinco viviendas o cuando se realice la venta de acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario.

Con esta modificación, el Gobierno de Navarra busca preservar la accesibilidad de la vivienda protegida, garantizar precios justos y evitar la especulación en el mercado. La directora general de Vivienda, en su Resolución 515/2024 del 2 de julio, ha destacado la importancia de estos derechos de adquisición preferente para impedir el sobreprecio en las transacciones de vivienda protegida, así como para ampliar el parque de viviendas asequibles en Navarra.

La Ley Foral 10/2010, modificada para incluir el Artículo 51 bis, refuerza el compromiso de la Comunidad Foral con la protección del derecho a la vivienda. En un contexto en el que el mercado de alquiler está cada vez más tensionado, estas medidas buscan equilibrar las disfunciones del mercado libre y ofrecer alternativas habitacionales asequibles para los ciudadanos navarros.

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